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Guardar como PDFEl Consejo de Ministros del pasado 20 de abril aprobó una serie de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y orientadas también a la racionalización del gasto público en el Sistema Educativo, con la intención última de ahorrar 10.000 millones (7.000 en sanidad y 3.000 en educación), y en el marco de la política de ajustes para que en última instancia las comunidades autónoma reduzcan el déficit hasta el 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
La decisión del Gobierno central ha levantado en Andalucía una fuerte polémica, y no han sido pocas las voces que desde la Junta se han alzado contra esta política de ahorro, culpando al ejecutivo de Mariano Rajoy de «imponer» los recortes, al tener supuestamente las comunidades autónomas que ajustarse estrictamente al contenido de los decretos en los que vienen recogidas las citadas medidas.
Sin embargo, el ministro de Educación, José ignacio Wert, dejó meridianamente claro desde el principio que las medidas de ajuste «son muy flexibles». Y en este sentido, sobre las críticas surgidas en determinadas comunidades, como la andaluza, señaló que «cada una hará lo que estime conveniente, pero al final de ejercicio tienen que haber reducido su déficit hasta el 1,5 por ciento del PIB de la región, cada uno sabrá cómo hacerlo».
El ministro insistió en esta idea y subrayó que cada Gobierno autonómico «sabe en qué situación está, cuánto tiene que esforzarse para cumplir ese objetivo y qué parte de estas medidas tiene que utilizar y cuál no». Este mismo mensaje es que ha trasladado,en declaraciones a ABC, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, saliendo al paso de declaraciones como las del consejero Educación en funciones, Francisco Álvarez de la Chica, quien aseguró que las medidas planteadas por el Gobierno central van contra las comunidades que quieren hacer de la Educación una política prioritaria.
Según Antonio Sanz, es falso que el Ejecutivo de Mariano Rajoy «obligue» a recortar determinadas partidas, ya que la Junta dispone de autonomía total en materia de Educación y puede ajustar el presupuesto en estas áreas o en otras. De hecho, se refirió como ejemplo a la decisión adoptada por la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, de rechazar en el apartado educativo el punto relacionado con el aumento de la ratio.
El Gobierno central, resaltó Antonio Sanz, aprobó en el ámbito educativo medidas de carácter «potestativo», no «impositvo», y con la única condición de que al final de año el déficit de las comunidades autónomas quede en el 1,5 por ciento del PIB.
El de Andalucía, en cualquier caso, fue el único Ejecutivo —representado por la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo— que a principios de marzo rechazó en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera el planteamiento del Gobierno central para rebajar el desfase presupuestario.
Sin embargo, semanas después y en la sesión del Consejo de Gobierno del 18 de abril la Junta aprobó una «retención de crédito» para declarar «no disponible con carácter preventivo» un total de 2.696,8 millones de euros, justificado por la merma de los ingresos procedentes del Estado y para cumplir, pese al rechazo inicial, el objetivo de la reducción del déficit.
El plan de ajuste de la Junta, incluida la retención de crédito, fue remitido a Madrid el pasado día 30 de abril, si bien no han trascendido los detalles del mismo, por lo que se desconoce cuáles son las partidas presupuestarias afectadas.
Al respecto, el secretario general del PP-A considerado «sospechoso e increíble» que el Ejecutivo andaluz no haya concretado a estas alturas de dónde va a recortar los casi 2.700 millones del presupuesto de 2012.
También la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, pidió a José Antonio Griñán que explique cómo hará el ajuste. «No se puede estar todo el día hablando de los ajustes que hacen los demás, cuando tú ocultas los tuyos e intentas engañar a la ciudadanía».
El pasado miércoles, en el discurso de investidura, Griñán tampoco desveló la fórmula que utilizará para ajustar los presupuestos al recorte de los 2.700 millones de euros. En todo caso, indicó que esta merma en las cuentas de 2012 obligará a tomar «decisiones difíciles».
Objetivo, reducir el déficit
Sanidad pública, pero eficiente
Evitar el denominado «turismo sanitario» y el uso fraudulento por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud nacionales; una cartera común básica de servicios para toda España, y la reducción del precio del medicamento subvencionado por la Administración, son algunas de las medidas que aprobó el Gobierno central en el apartado sanitario para racionalizar los gastos. Además, otra de las novedades fue la creación de una plataforma de compras centralizada a nivel nacional para adquirir medicamentos hospitalarios y tecnología.
Educación ajustada a las necesidades
La elevación en un máximo del 20 por ciento de la ratio de alumnos por aula establecida en la normativa actual; el aumento del número de horas lectivas por profesor; la anulación de los complementos retributivos del profesorado, y que las bajas inferiores a 10 días deberán ser cubiertas por los propios recursos del centro y no por interinos, forman parte del listado de medidas que el Gobierno central considera necesarias para acomodar la Educación a la nueva situación económica, en la que se hace imprescindible un ajuste del déficit.
